La obcecación política por destruir los planes de pensiones resulta irritante. No de todos nuestros dirigentes, seamos justos, pero sí de… casi todos. Es evidente que hay tres cuestiones que son objeto de amenaza política: la sanidad privada, la educación privada y las pensiones privadas. Por pura antipatía ideológica. Porque son vías de libertad, de independencia del Estado. Porque abren el camino a que alguien le diga al Gran Hermano: "mire, si no voy a usar ni su Sanidad, ni su Educación, ¿puede descontármelas de mis impuestos?". Jamás. El Estado es ese ser supremo que piensa y decide por nosotros. Sabe lo que necesitamos mejor que nadie y, claro, para ello, nos tiene que meter la mano en el bolsillo. Nuestro dinero, donde está mejor es en manos de los políticos y funcionarios.  

Ironías al margen, es verídico que si hablamos de previsión social, los planes de pensiones están agonizando. El presidente de la asociación de inversión colectiva, Inverco, Ángel Martínez-Aldama, poco menos que ha certificado su defunción al alertar de un "riesgo sistémico", cifrado en unos 65.000 millones de euros que pueden salir del sistema en la primera ventana de liquidez, en un cercano 2025.

Lógico: si no se permite aportar prácticamente dinero a estos instrumentos, ¿para qué mantenerlo en ellos? Los comentarios que he escuchado en tiempos recientes en mi entorno van todos en la misma línea: "tengo un dinerito en tal plan, pero para que esté muerto de risa ahí, lo saco e invierto en otra cosa".

La verdad es que los pobres planes llevaban una temporada mala. Para empezar, el PP bajó, en 2015, la aportación máxima anual, de 10.000 a 8.000 euros, sin que nadie entendiera el motivo. Además, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, rebajó las comisiones máximas de los planes, y aprobó las ventanas de liquidez a los 10 años. Lo dicho: 2025 se acerca y se abre la posibilidad de ese riesgo sistémico.

Luis de Guindos, un hombre cuyo gran éxito profesional fue ser el número 1 de la gestora de fondos y pensiones de AB Asesores, la principal firma independiente de gestión en España hasta que la compró Morgan Stanley, imponiendo medidas intervencionistas a los planes, con las comisiones y limitando sus aportaciones. Sorpresas que da la vida, sobre todo a sus antiguos colegas de profesión. ¿Esto tenía algún beneficio real o era legislar por legislar; o lo que es lo mismo, prohibir por prohibir?

Pero la locura llego en 2021, en un asunto que adelanté en un medio en el que ya no trabajo, pero ahí sigue su testimonio: una rebaja drástica de las aportaciones, de 8.000, a 2.000 euros, que significaban que se prohibía aportar más de 166 euros al mes en estos instrumentos. En el colmo del delirio, poco después se rebajó la cifra a unos testimoniales 1.500 euros anuales o 125 mensuales.

Entonces, tildé de locura la medida, exceso que hasta me criticaron algunos compañeros, instalados en una corrección formal digna de LinkedIn. Incluso desde el propio ministerio de Economía, cuando llamé a consultar la noticia, sus portavoces estaban bastante en la inopia y me mostraron su extrañeza, respondiéndome poco menos que seguro que alguna explicación habría a ese aparente sinsentido. Pero, como indico nada más empezar en el texto que linko, aquello era "el tiro de gracia" a la previsión privada.

Se ha dejado de apostar por estos productos y, por supuesto, esto ha sido motivo de alegría desde algunos flancos del Gobierno. Se nos vende que, a cambio, las empresas podrán acogerse a un plan de empleo… público. Que ya anticipo que será un fiasco. No por la idea, que quizá podría ser no del todo mala, sino por la realidad empresarial de España, un país de micro pymes, que apenas facturan un millón de euros al año de media, que tienen menos de cinco empleados y que su vida promedio se acorta, acorta, acorta…

Empresas que sufren tensiones de liquidez continua (creo que salvo las Ibex y algunas más de gran tamaño, las padecen todas las de España) y que bastante hacen con no echar el cierre. No tienen capacidad de aportar a un plan de empleo, salvo que les ofrezcan enormes incentivos. 

¿Cuáles han sido las noticias más recientes que han tenido del Gobierno? Las subidas de las cotizaciones sociales, de 0,6 puntos porcentuales en 2023 y 0,1 lineales a partir de cada año siguiente, cuestión que ha pasado totalmente inadvertida para la opinión pública, pero no así para las empresas.

Otra cosa no, pero apretar a las compañías, eso está garantizado. Las danas son una broma al lado de la tormenta impositiva española. Ahí no sufrimos sequía. 

España tiene poco empleo, de poca calidad (incluido el público, aunque al menos goza de seguridad garantizada) y bajos salarios. Encima, no se le permite ahorrar al particular para gozar en lo posible de independencia. La medida de acabar con los planes de pensiones privados no beneficia absolutamente A NADIE.

Y, por cierto, esa salida de 65.000 millones de euros es sobre un patrimonio total en planes que ronda los 90.000 millones. Quizá menos. Es decir, alrededor de dos tercios de los planes se pueden volatilizar. ¿Se reinvertirán o irán a tapar agujeros; amortizar hipoteca...? 

Cerca del 20% de la población española tiene pensiones privadas. Son más de siete millones de cuentas de partícipes.  

¿Por qué?

En breve, segunda parte. Al menos, eso espero. 

Las ilustraciones de los chistes las he escaneado de un libro regalo de la Caja de Ahorros de Gerona de principios de los años setenta, que guardo con cariño de mi abuelo. Espero que sirvan de homenaje al gran Forges y no para que me den la paliza con los derechos de autor 50 años después. Caja Gerona, en cualquier caso, desapareció en el maremagnum de integraciones y debe andar en las tripas de alguna de las pocas entidades financieras que siguen existiendo en España.